La creciente incorporación de vehículos eléctricos en la Argentina, incentivada en muchos casos con beneficios fiscales, ha puesto en evidencia una deuda regulatoria: la gestión del fin de la vida útil de sus baterías. La advertencia, planteada en una carta de lectores publicada en el diario La Nación el 26 de Octubre, subraya la urgente necesidad de establecer un marco legal que contemple la disposición final, el reciclaje y la trazabilidad de estos componentes, evitando así un severo impacto ambiental futuro.
El autor de la misiva, Evaristo Spallanzani, señaló que, mientras el debate público suele centrarse en la falta de puntos de recarga, se omite discutir el destino de las baterías una vez que culminan su ciclo útil. "No se trata de un rezago común, es un elemento con capacidad de alterar el ecosistema sin limite de tiempo", afirmó.
Frente a este escenario, Spallanzani instó a las autoridades a tomar nota de las iniciativas implementadas en otros países. Como ejemplos, citó el caso de Alemania, donde desde 2022 opera una planta de reciclaje de Basf y Catl que recupera materiales para fabricar más de 400.000 baterías nuevas anuales, y el marco legal de la Unión Europea, que bajo los principios de la economía circular, exige el uso de materiales recuperados y fija objetivos estrictos de reciclaje.
Posibles Soluciones y Pasos a Seguir
Para abordar esta problemática de manera integral, especialistas en gestión de residuos y transición energética proponen una serie de pasos concretos:
Desarrollar un Marco Normativo: La prioridad es la sanción de una ley nacional de movilidad sostenible que incluya un capítulo específico sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este principio obligaría a los importadores y fabricantes a financiar y organizar la cadena de logística inversa, recolección y reciclaje de las baterías que comercializan.
Fomentar la Inversión en Infraestructura: El Estado, en colaboración con el sector privado, debería promover la inversión en plantas de reciclaje especializadas. El objetivo es recuperar metales valiosos como litio, cobalto y níquel, reinsertándolos en la cadena productiva bajo un modelo de economía circular.
Establecer un Sistema de Trazabilidad: Es fundamental crear un sistema nacional que permita rastrear cada batería desde su importación hasta su disposición final, garantizando que no terminen en vertederos irregulares o en los ya existentes "desarmaderos".
Definir la Responsabilidad de Costos: La normativa debe establecer con claridad qué actores (fabricantes, importadores, consumidores finales o el Estado) absorberán los costos asociados al transporte y procesamiento de las baterías usadas.
Aprender de Experiencias Internacionales: Crear mesas de trabajo con representantes de países con experiencia en la materia, como los miembros de la UE, para adaptar sus mejores prácticas al contexto local.
La transición hacia la movilidad eléctrica es irreversible y representa una oportunidad para modernizar la matriz de transporte. Sin embargo, la planificación a largo plazo es crucial para evitar que la solución a un problema (la emisión de gases de efecto invernadero) genere uno nuevo y de consecuencias ambientales igualmente graves. La gestión de las baterías usadas se presenta no solo como un desafío ambiental, sino también como una potencial fuente de industrias verdes y empleo calificado para el país.
